Mar Pérez: “Se ha construido una estructura institucional que busca procesar a líderes sociales como si fueran terroristas”

-La Coordinadora mencionó que están recibiendo muchas solicitudes de ayuda por líderes sociales a los que se acusa por terrorismo. ¿Hay un estimado sobre cuántos detenidos y acusados de terrorismo se han registrado desde que iniciaron las protestas?

Lo que tenemos ahora mismo identificados son ocho carpetas fiscales en las que se está acusando de pertenencia a organización terrorista a personas por afinidades a actividades relacionadas a movilizaciones. De estas ocho carpetas, cuatro se encuentran en Lima y el resto en diferentes lugares del país. Hasta ahora hemos encontrado en Huacho, Ayacucho y Apurímac. Sobre la cantidad de personas investigadas, no tenemos ahora mismo una cifra exacta, porque hay carpetas donde hay una decena de personas y otras donde el número es inferior; lo que sucede es que no solamente las personas directamente investigadas son las que nos están reportando sino también ciudadanos o ciudadanas a las que se cita como testigo.

-El delito de terrorismo está siendo usado para tratar de intimidar o silenciar las marchas a nivel nacional…

Lo primero que sería importante señalar es que la regulación de la figura de terrorismo aquí en el Perú no es compatible con los estándares internacionales. De acuerdo a dichos estándares, el terrorismo exige que se lleven a cabo actos violentos contra la vida; en cambio, la figura penal en Perú es excesivamente amplia y permite considerar actividades terroristas la participación en marchas o la realización de conversatorios públicos.

-Y esa es la razón de que la Policía o las Fuerzas Armadas hacen uso de esta interpretación para imputar este delito a cualquiera

Aquí en el Perú, cuando a los manifestantes o líderes sociales se les acusa de terrorismo, se les conculcan una serie de derechos y se recortan muchas garantías procesales. Pensemos, por ejemplo, el plazo general de detención preliminar es de 72 horas, en cambio, cuando una persona es investigada por terrorismo se le puede detener preliminarmente hasta por 15 días; entonces, es irregular desde el diseño mismo de la figura de terrorismo y su aplicación expansiva, a conductas que podrían constituir alteración del orden público, pero que no son terrorismo, porque aquí no estamos ante ataques generalizados a la población, ante asesinatos como los que se produjeron durante el conflicto armado. Eso era terrorismo. En una sociedad democrática, organizar una marcha, recoger dinero para heridos o cuestionar políticas no puede calificarse como terrorismo. Estamos ante una dinámica autoritaria que resulta gravísima.

-Se ha denunciado que se estarían reduciendo las fiscalías de Derechos Humanos a nivel nacional para crear una fiscalía superior nacional para delitos de terrorismo. ¿Qué riesgo representaría para aquellas personas que han sido detenidas y acusadas con esta figura?

No es casualidad que los altos funcionarios del Gobierno, incluyendo el primer ministro y la presidenta de la República, en varias declaraciones hayan calificado a las movilizaciones como actos de terrorismo. Ya tenemos muchas evidencias de que la fiscal de la Nación está trabajando en alianza con el Ejecutivo para aplacar cualquier forma de crítica u oposición a las políticas que tratan de implantarse, y también en íntima relación con ello está la reestructuración que se ha hecho en las últimas semanas en la Fiscalía. Lo que se ha hecho es reducir el número de fiscalías de derechos humanos, quitarles fiscales, quitarles capacidad operativa y presupuesto para con todos estos recursos y personal crear cinco fiscalías que se van a dedicar exclusivamente al terrorismo. Se ha construido una estructura institucional que lo que busca es procesar a los líderes sociales a los manifestantes como si fueran terroristas, recortando los derechos procesales, y además, presentándolos ante la opinión pública con todo el estigma que todavía al día de hoy supone una acusación de terrorismo. El impacto de estas acusaciones es gravísimo. Por más que acaben en el archivo por falta de un verdadero sustento. El daño que se causa algunas veces es acabar con el proyecto de vida de las personas.

Uno de los casos más alarmantes fue el de la detención de siete personas que eran miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), los cuales estaban participando de un acto cultural pacífico. Incluso los llevaron al cuartel Los Cabitos, y no dejaron ingresar a sus familiares y abogados.

No solamente eso, al acusarse de terrorismo a las personas, intervienen fiscalías que están fuera del lugar de los hechos, es por eso que se les traslada de Ayacucho a Lima y quedan totalmente desvalidos al estar alejados de sus redes de protección, por ejemplo, uno de los detenidos de Ayacucho es un chico de 21 años que él estaba solo en su casa cuidando a sus hermanos pequeños, y la Policía ingresó a su hogar, lo detuvieron violentamente, lo golpearon delante de sus hermanitos, y se lo han traído a Lima, sus papás son unas personas muy humildes, quechuahablantes, y han tenido que hacer una colecta para venirse en bus a Lima y ahora no tienen recursos para sostenerse acá, y mucho menos para acceder a una defensa legal de calidad. Eso es lo que se genera cuando se trasladan los casos de jurisdicción, de alguna manera es lo que se hizo en el año 2012, con los casos de Conga y Espinar, que se llevaron a lugares muy distantes en el país, con el agravante que ahora estas personas se las convierte en parias sociales porque se les presenta en medios de comunicación prácticamente como “monstruos”.

Uno de los nombres que ha tenido protagonismo en la prensa es el de Rocío Leandro Melgar, a quien se le califica de terrorista e incluso se le imputa el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, cuando hay pruebas de que fueron miembros del Grupo Colina.

En el caso de la Presidenta del Fredepa de Ayacucho (Rocío Leandro), ella no tiene ninguna condena penal, ella sí fue condenada por un ‘tribunal sin rostro’, pasó 11 años de su vida en prisión, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuló esa condena, a ella la estaban acusando de haber asesinado a Pedro Huilca, cuando todos sabemos aquí que fue el Estado el que asesinó a Pedro Huilca. Por esa condena, que es injusta, por esa condena, que fue absuelta, ahora la Dircote y las altas autoridades del Gobierno se atreven a presentarla en los medios de comunicación como una “sanguinaria terrorista”.

Se ha llegado al punto de estigmatizar a todo el Frente de Defensa de Ayacucho…

Algo que no se está entendiendo en Lima, es la importancia, la legitimidad que tiene el Fredepa en Ayacucho, el Fredepa es una organización muy antigua, que data de los años ‘60, ellos encabezaron la lucha por la gratuidad de la educación en el periodo de Juan Velasco Alvarado. Sostener que el Fredepa es una organización terrorista es una ofensa para todo el pueblo de Ayacucho. El Fredepa ha realizado actividades fundamentales. Por ejemplo, durante la pandemia, distribuyó medicinas y oxígeno a la población. Si estas personas han sido elegidas como dirigentes es porque tienen el respaldo de todas las organizaciones sociales en Ayacucho, incluyendo sindicatos, org. Estudiantiles, comedores populares, eso es el Fredepa.

Siguen habiendo detenciones y acusaciones por este delito. En un hipotético caso de que Dina Boluarte renuncie y se adelante las elecciones, que es el pedido de varias regiones a nivel nacional, ¿hay manera de subsanar lo que le han hecho a estas personas o líderes sociales?

Les han violado sus derechos humanos y lo que corresponden como frente a otras violaciones de derechos humanos, que se haga la verdad y justicia, y que hayan garantías de no repetición, así como en los casos de las personas ejecutados extrajudicialmente, por la Policía, lo mismo se va a tener que hacer tarde o temprano con estas personas a las que también se están conculcando sus derechos fundamentales, pero por otro lado, es realmente extraordinaria la ceguera del Gobierno y de todo el oficialismo que creen que con este tipo de persecución lo que van a hacer es aplacar a la población cuando el efecto es contrario, lo que están haciendo es incrementar la indignación, ahondar la brecha social, y avanzar más hacia esta situación que no le conviene a nadie.

Wayka.